Medio ambiente La muerte del Mar Menor: crimen, corresponsabilidad e impunidad

Por supuesto que la agonía del Mar Menor hay que atribuirla a una agricultura criminal, esencia básica de una región fallida y estimulada por un Estado cómplice. Es decir, que este atentado cuasi consumado es amplia, intrínseca y organizadamente institucional, incluso social o colectivo, en la medida en que se perpetra en el interior de una sociedad podrida y conforme: recorran la región, vivan con cierta intensidad sus avatares socioecológicos y serán fulminados, en cualquiera de sus rincones, por una agresión impune, una situación injusta, un poder caciquil, una empresa intocable.

La explicación no da lugar a confusión alguna, ya que vivimos en un entorno de, por una parte, abuso sistemático y alegre de gran parte del empresariado, así como de complicidad política; y, de otra, una opinión pública mayoritariamente recluida en la inmadurez, que vota una y otra vez a los infames. Pero, quede claro que sí hay una parte de esa sociedad moralmente arruinada que se libra de tan dura responsabilidad, y es la conciencia ecologista organizada (y muy poco más, es verdad).

Y no olvidemos de señalar la dirección que vienen tomando, desde hace años los maltratadores del Campo de Cartagena y del Mar Menor (cuya codicia necesita cada vez más agua), que es hacia el entero interior de la región, con especial interés sobre la comarca del Noroeste (Caravaca, Moratalla, Calasparra… incluso Cieza), el extenso municipio de Lorca, el Altiplano… a donde trasladan su capital, su poder, su depredación y, por supuesto, su bien acrisolada impunidad.

Es necesario, pues, explicar de forma analítica y racional el marco organizativo criminal en presencia (que unos pocos, pero bien informados, atribuyen a la forma mafiosa de control de una sociedad envilecida). La escena del crimen aparece, así, rica en actores, partícipes y asimilados, y esto puede describirlo cualquier investigador de primer curso. Lo triste es que los delincuentes encallecidos y recalcitrantes, con su ambiente protector, nunca cejarán, por más que se los identifique en su empeño criminal.

Desde luego, no hay duda de que contra el agobiado Mar Menor ha atentado, y atenta, todo el espectro empresarial, corporativo y administrativo vinculado a una agricultura delictiva (a la que contempla un Código Penal insultado, pero impasible), que envenena para lucrarse. Del crimen, un ecocidio sin paliativos, es responsable un vasto y nada misterioso agropoder, que es el sistema imperante de finalidad depredadora, lo que consigue de forma excepcionalmente exitosa, apoyándose en un conjunto de subsistemas que obran fielmente en la misma dirección. No hay que afinar mucho, pues, para resumir, señalando a los líderes y personajes de ese agropoder como responsables individuales del crimen; al enriquecimiento, la codicia y el beneficio como móviles; y a los nitratos fertilizantes y otros elementos químicos (como la salmuera de las desaladoras: la tecnología, en suma) como arma ecocida.

La víctima y el crimen son tan elocuentes, en una región envilecida como la murciana, en la que sus principales fuerzas económicas y políticas se dirigen a machacar la naturaleza y a humillar a sus ciudadanos, que merecería ser borrada del mapa político de la España de las autonomías hasta que sus entrañas, profundamente corrompidas, se sanearan.

Frente a la catástrofe sin paliativos del Mar Menor lo justo y proporcionado sería un 155 contra toda la autonomía, y no solo contra las competencias ambientales, ya que es el conjunto de la sociedad murciana el que ha sido secuestrado o abducido por ese clan reaccionario que se reproduce, como un virus incontrolable, consolidándose desde 1995. Pero, ¡ay!, que es el Estado el culpable de la mitad, o más, de las desgracias del Mar Menor y de gran parte del territorio, debido al indefendible funcionamiento de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS): ¿cuál es su legitimación para ir contra los irresponsables de San Esteban, por más que sus ocupantes se declaren en abierta y feroz rebeldía contra el hombre y la tierra? Porque lo del Mar Menor, lo de Murcia, ninguna Constitución civilizada debiera tolerarlo.

Concretemos, pues, con orden y pruebas, y reconozcamos en principio a ocho subsistemas de la constelación sometida, todos ellos contribuyentes al desastre y siendo el primero de ellos el de las instituciones políticas —Gobierno y Asamblea regionales— que obran, expresa y atentamente, por el agropoder dictatorial, ya que los partidos dominantes en ellas —singularmente el PP, y recientemente los de su misma onda en estos menesteres, Ciudadanos y Vox— respaldan, estimulan y subvencionan de mil maneras el terrorífico discurrir de ese poder implacable.

Se trata sobre todo del Gobierno autonómico, pero muy concretamente hay que señalar a la Consejería de Agricultura como representación de esta administración servil. Después de una larga etapa en que esta Consejería y este subsistema estuvieron personificados en Antonio Cerdá Cerdá, consejero de 1999 a 2015, nada menos, y pluriimputado tras su salida (pero sin que deba temer mucho de la justicia murciana, aunque ha sido durante su mandato cuando nuestra laguna ha entrado en la senda del coma), este departamento está actualmente en manos del ingeniero (no agrónomo) Antonio Luengo, con la hábil (es decir, malvada) inclusión de las competencias medioambientales en el marco de Agricultura, lo que busca sin disimulos la rendición de lo ambiental ante el rodillo de la agricultura tóxica. El cambio de persona altera el detalle, pero no la estrategia lacaya.

Se trata de un gobierno autonómico de entusiastas enemigos del medio ambiente, que capitanea un paisano carente de lustre o cultura de ningún tipo y que, apalancado en modo falsario, lleva años dedicado a culpar a otros de un desastre que en gran medida hay que atribuirle a él y a su gente, como él sabe perfectamente. Con un consejero de Agricultura y Medio Ambiente que es ignaro ambiental y que no tiene media conversación. ¡Qué asfixia moral, que anoxia mortal, esta que nos hunde en la vergüenza y la impotencia!

El Estado, ya señalado como Administración central, que ahora pretende salir indemne en la pelea huyendo de las responsabilidades con un cinismo tan redomado como inútil, ocupa el segundo subsistema de la trama, aunque este observador le atribuye más culpa, incluso, que a la Consejería autonómica de Agricultura: digamos que entre los apoyos directos y específicos a la maquinaria del crimen, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), de control/descontrol estatal, “absorbe” el 60% de la culpa de los desmanes agrarios (básicos y esenciales) en toda la cuenca, especialmente en el Campo de Cartagena, o sea, en el Mar Menor.

Al Estado, es decir, al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CHS, la Constitución les asigna (art. 149.22) “la legislación, ordenación y concesión de recursos hidráulicos”, pero la experiencia dice que la legislación la incumple sistemática y arteramente, la ordenación va orientada a beneficiar a los grandes y machacar a los pequeños, y la concesión es la clave de prevaricaciones diarias, ya que concede a su capricho y tantas veces contra la ley; y permite (sin la menor intención represiva) cientos de pozos y de hectáreas de regadío sin concesión previa, allanándose así ante las empresas del agropoder. Nuestra CHS es piedra de escándalo permanente ya que, hablando en plata, representa y perenniza el sistema depredador agrario generalizado, tan competitivo como tóxico, que es el que impulsan y respaldan todos los Gobiernos de España desde hace décadas (así como la UE). Que la ministra Ribera, pillada de plano por la incompetencia y la culpa de decenios de su Ministerio, achaque lo del Mar Menor a la “agricultura ilegal” es una estupidez: la legal es igualmente letal.

El tercer subsistema coadyuvante al ecocidio del Mar Menor es el de la ciencia y la técnica mercenarias, que eluden trabajar con lealtad por el medio ambiente y se pliegan a los intereses antisociales y antiecológicos del agropoder. Ahí tenemos, como espectáculo de escándalo máximo, a las cátedras-tapadera, al servicio del gran saqueo de nuestra tierra y sus recursos esenciales: el suelo, los acuíferos, el paisaje… un proceso implacable al que con tan poca prudencia se une la universidad pública tomando la ética académica al asalto. Y donde profesores, con sueldo público y dedicación completa, echan horas bien remuneradas sirviendo a los depredadores del mundo. Como esa cátedra de la Universidad de Murcia, que patrocina Hidrogea (Aguas de Murcia, multinacional Suez) y a cuya cabeza se ha colocado al catedrático Miguel Ángel Cámara, sin duda en agradecimiento por los servicios prestados en su larga etapa de alcalde de Murcia (y de número dos del PP).

O esas otras, creadas con la Universidad Politécnica de Cartagena y capitaneadas por profesores ingenieros sin conciencia ni formación ambiental, que pretenden meternos a presión el reclamo de la sostenibilidad para ocultar las vergüenzas de quienes compran su ciencia en almoneda, reteniendo a cambio, en precario, su dignidad. ¿Cómo enseñar a estos profesores obnubilados, que la ciencia, y no digamos la técnica, están para actuar en la raíz de los problemas ambientales, no para aplicar cataplasmas o levantar esperanzas infundadas de un trabajo que no va dirigido a resolver nada esencial en lo físico-químico, ni tampoco para el interés común?

Y de las instituciones científicas de la Región, para qué hablar. El Instituto Español Oceanográfico, que la crueldad del destino ha situado sobre unas aguas, las del Mar Menor, de cuyos sufrimientos han pasado confortablemente, con unos directivos (casi) siempre ajenos a su declinante realidad ambiental, se ha cubierto de oprobio y sin que la sociedad le pida cuentas de su inepcia: ¡vaya papelón! O el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), ilustre ausente de los sacrificados suelos y ecosistemas de esa cuenca que debieran estudiar, vigilar y explicar, señalando sin complejos las villanías de las que tienen oportuno conocimiento desde hace mucho: ¡menuda ciencia, oigan!

Ahí tenemos al biólogo y catedrático Ángel Pérez Ruzafa, tan felizmente instalado en el asesoramiento de los sublimes depredadores del Gobierno regional, sin que el pudor y la contaminación política le hagan dimitir; pero al que le llueven los proyectos de investigación de remuneración adicional a su (supongo) saneado sueldo de catedrático de la universidad pública, desde el que sirve a los villanos con incondicionalidad tan impropia. Y con no pocas pifias que lo dejan tan pancho: cuando propone “sanear” el Mar Menor importando masivamente agua del Mar Mayor por sus golas, hace como si los bomberos de un frente de fuego activo dejaran, al tiempo, libres a los incendiarios en el resto del perímetro del incendio: ¡vaya estrategia, vaya científico!

El cuarto de estos subsistemas es el de la sociedad civil envolvente, si bien ignorante, perpleja o, por algún motivo, sometida. Hay que reconocer que, en una región de tan pobre, y castigado, nivel cultural, la perniciosa manipulación del eslogan “Agua para todos”, la broma ridícula de la “Huerta de Europa” o la intimidatoria publicidad de los “40.000 empleos” del campo redentor, no son fáciles de afrontar con juicio equilibrado, pese a que desafían cualquier inteligencia de tipo medio.

Pero hay que referirse, también, a las instituciones civiles y profesionales, al empresariado decente, el asociacionismo en general… tan callados. Mirando a los colegios profesionales, por ejemplo, que tantas veces se arrogan protagonismo y derechos en base a nunca bien explicados motivos (siendo gremios de vulgar interés profesional y económico), apenas podemos excluir al Colegio de Biólogos, que se ha expresado en varias ocasiones advirtiendo de la situación ambiental murciana, y así lo ha hecho en relación con el Mar Menor. Porque de los abogados, ¿alguien los ha oído protestar por el desmadre de una región sin ley? ¿No parecen más interesados en este desorden que en la paz judicial? ¿Y los ingenieros, por ejemplo, de Caminos o Agrónomos, tradicionalmente más interesados en los proyectos de infraestructuras, los regadíos y el mangoneo del agua, por sobre cualquier asunto ambiental o social?

Nuestra sociedad murciana, la civil, la que debiera estructurarlo todo dando un mínimo de calidad a la vida política, social y ambiental, no ha comparecido todavía, y estoy mirando, como quien dice, al medio siglo pasado, sobre el que ya se puede hablar. Esta sociedad sigue estando desestructurada y, por lo que respecta a los dramas ambientales, la realidad es que se muestra allanada y sometida.

El quinto de los subsistemas del pecado agronómico lo constituyen los medios institucionales de información, entendiendo por ello a los dos periódicos tradicionales de papel, que ahora se unen, tan entregados, al coro de lamentos recordando incluso lo mucho que se han venido preocupando por todo esto; aunque olvidándose de que, cuando les llegan informaciones, digamos, gruesas, hacen lo imposible por bloquear cualquier desacomodo (con las instituciones de poder, se entiende, sea político, sea económico). Este es el caso de La Opinión, con su cronista político oficial, Ángel Montiel, que se descuelga en llamativa columna (“Que viene Mar Menor Man”, 22 de agosto) poniendo a parir (con razón, desde luego) a las autoridades autonómicas señalándoles —con errores de bulto, pero bueno— los contenidos incumplidos del Estatuto de Autonomía; pero se olvida de ojear la Constitución, concretamente el ya citado artículo 149.22, que atribuye lo esencial de la gestión del agua al Estado por, supongo, encubrir a sus (pocos) amigos socialistas o por no dificultar algún sustancioso contrato publicitario con la CHS.

Montiel, que los años de servicio lo han hecho, inevitablemente, fiel cancerbero de su periódico, se muestra altamente sensible cuando las noticas que le llegan aludiendo, por ejemplo, a prohombres del agropoder o a agroterritorios sin ley, ponen en peligro la paz de la casa, que es cuando se arruga y asusta, optando por liquidar al mensajero (después de insultarle: tengo los datos, créanme).

O La Verdad, que informa de la catástrofe con paquetes informativos de cuatro o cinco páginas diarias, tan alarmado por la situación, aunque sin cejar en su empeño, ciertamente histórico, estructural, vocacional, de justificar el statu quo del agropoder, con el apoyo constante a ese empresariado. De mi hemeroteca me he suministrado una de las joyas con que este periódico sustenta tan sacrosanto agropoder, al que nunca criticará, y es la entrevista que, en el mismísimo primer año de la gran sopa marmenorense, hacía el redactor Jorge García Badía a Vicente Carrión, una de las cabezas visibles de la nomenklatura dominante, pero intocable (“El ‘macho alfa’ del campo cartagenero”, 13 de junio de 2016), de muy castiza descripción de sus cualidades y elevándolo a poco menos que héroe del pueblo. La actualidad de Carrión, aquella que mereció la entrevista y la semblanza, la había motivado su lucha, sin duda heroica, contra la intención de la CHS de cortar los vertidos (criminales, ya saben) de la rambla del Albujón, principal cauce de los contaminantes mortíferos para el Mar Menor: vomitiva entrevista, vaya que sí, de la que no era Carrión el responsable.

En el sexto subsistema hemos de ubicar al complejo policial, del que hay que destacar al SEPRONA de la Guardia Civil, pero en el que también debemos incluir a la guardería fluvial (de la CHS) y a la forestal (Comunidad Autónoma), todo ello constituido en portentoso ejemplo de ineptitud (a los hechos hay que remitirse) y a serios incumplimientos de deberes ineludibles. Aunque, precisando, quizás debiéramos calificar al mínimo impacto que sobre la situación delictiva y criminal ejercen, de ineficacia en general, debido a razones que, aun por bien conocidas, hay que explicar.

En efecto, la vigilancia del cumplimiento de la ley es en esta región lo más parecido a una entelequia, sobre todo si contemplamos el desorden y la ilegalidad imperantes en el ámbito de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y muy especialmente en el entorno del Mar Menor (pero también en la mayor parte de la región). Como el sistema depredador no quiere vigilancia, ya que obtiene sus mayores beneficios de la libertad con que depreda, el subsistema de los cuerpos policiales y las guarderías languidece con cada vez menos efectivos, tanto humanos como materiales. El SEPRONA es ilustrativo no solo por su declinante capacidad sino por la inutilidad perversa de su trabajo ya que sus agentes no suelen estar en lugares de flagrante escarnio de la ley; cuando sí están y denuncian, sus informes van a parar a los cajones de sus dependencias, sin trascendencia; y cuando trascienden y sus jefes se dignan tramitarlos, van a parar a organismos (significativamente, la CHS) que suelen esconderlos sin ni siquiera abrir los expedientes sancionadores. ¡Qué pocas denuncias ven la luz y llegan a prosperar, aunque se formulen por centenas! ¡Qué panorama de heridas ofrece nuestra tierra ante la mirada opaca de los guardianes a los que pagamos!

Lo peor es que los jefes policiales —y me refiero sobre todo al coronel Arribas, máximo responsable en Murcia de la Guardia Civil— se envainan tanto las presiones para que no dejen pasar las denuncias como las humillaciones para que sus denuncias duerman en despachos vergonzantes: ¿no merece esto una dimisión, una protesta, un puñetazo en la mesa? Las otras guarderías, fluvial o forestal, suelen estar de adorno, reprimidas, vigiladas y amenazadas para que no molesten. ¡Vaya panorama, sí!

Por supuesto que, aunque funcionase (que no es el caso, ya lo hemos aclarado) el subsistema de vigilancia del delito y la ilegalidad, su eficacia sería relativa e instrumental, como mucho. Porque los delitos, los crímenes contra el medio ambiente, las aguas y el territorio, como es el caso del Mar Menor, necesitan acabar, antes o después, en los tribunales de justicia, generalmente con la intervención previa de la Fiscalía; y aquí nos encontramos con el séptimo de los subsistemas, el judicial, uno de los más dramáticamente incompetentes, aliado de hecho (ante el bloqueo del derecho) con el desmadre y la ilegalidad.

Es evidente que jueces y fiscales han ido contemplando la ciénaga del Mar Menor con lo más parecido a la indiferencia, olvidándose de sus obligaciones y de que ahí les reclamaba el trabajo para el que cobran sueldos de privilegio (y tantas veces inmerecidos). A la fuerza tuvo que intervenir el fiscal jefe, Díaz Manzanera cuando en 2016 la “sopa verde” lo puso entre la espada y la pared: él mismo reconoce, en su imputación, que las primeras advertencias de degradación datan de 1980 (que fueron ecologistas).

En esta nueva oleada de contaminación y mortandad de peces, repetido crimen contra la vida, de nuevo la Fiscalía dice que va a actuar. Pero a los que venimos sufriendo la incompetencia de esta Fiscalía, sobre todo en su sección ambiental, en manos del fiscal De Mata, especializado en archivar la mayor parte de las denuncias que le llegan (¡debe contemplar a la Región como un remanso de justicia y de paz ecológica!), no nos conmueven demasiado estos arrebatos de pudor, porque sigue siendo improbable que los verdaderos culpables caigan y sean castigados como debe ser. Mientras tanto, y en ausencia de los apretones de la “sopa” maligna, esta Fiscalía ha sido, y es, es incapaz de actuar contra ese nido de prevaricadores que es la CHS, enemiga de la Ley de Aguas, a la que manipula y desacredita desde, prácticamente, el día siguiente de su aprobación (1986). Y, ya se sabe, obras son amores…

Claro que de poco valdría una Fiscalía más competente y dotada si —como el propio Díaz Manzanera suele reconocer— luego los jueces muestran una indiferencia olímpica hacia los delitos contra el medio ambiente; se supone que más por no entrar en conflicto con el Mal que por desconocerlo. Indiferencia que es un calificativo bien generoso, porque no es una simple anécdota, sino escándalo típico de esta región que tanta vergüenza nos da describir, que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Mariano Espinosa, empresario agrícola y mercader del agua, contra el que ha habido que lanzar la ley (sin éxito, hasta ahora), haya sido el firmante, con el plácet de sus superiores, de numerosas sentencias en las que se ventilan contenciosos, precisamente sobre aguas. Menudo aparato judicial, que no respeta las formas (decisivas en derecho).

Con estas notas, no debe extrañar que la instrucción contra los imputados de 2016 esté todavía sin concluir tras un (primer) quinquenio de ineficacia y, se supone, de dudas metafísicas insoportables, agrotemores invencibles e hidropánicos al borde de las neurosis, que es lo que parece cundir en esos pasillos del Palacio de Justicia, mucho más kafkianos que reconfortantes. No debe descartarse que el juicio salga cuando la “sopa verde” haya mutado en “pasta negra”, y el Mar Menor pueda explotarse como accesible fuente de nitratos salerosos. Por su parte, los encausados esperan escapar a las penas merecidas, bien por la prolongación de los plazos de la instrucción (y, en consecuencia, el amplio margen para las maniobras de imputados y abogados), bien por la fácil “dilución de responsabilidades” (dada la enorme nómina de intervinientes, que debiera aumentar, así como por la complicada clasificación de sus responsabilidades), bien por las dificultades propias de la evaluación monetaria de los daños, algo que inevitablemente debe acompañar a lo estrictamente penal.

Finalmente (aunque el análisis queda incompleto, pero se pretende que constituya un avance y sea inteligible), se prefigura un octavo subsistema con grandes avances en su identificación, por su acelerada evolución. Y es el de los farsantes que actúan dentro de lo que conocemos por movimiento ecologista, pero que desempeñan el conocido papel de los oportunistas que persiguen, con sutileza o con descaro, la alianza con las administraciones antiecológicas, pese a indignas, y las empresas contaminantes, pese a culpables. El paseíllo del que ha disfrutado el presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Pedro García, al lado de la ministra Ribera en su cínica excursión por el Mar Menor extenuado, pertenece a esta estrategia de impostores (ya que la ministra respalda a esa CHS culpable, que depende de ella y a la que hay que atribuir muy grandes responsabilidades del desastre).

Pero ya pululan los grupos de este tipo que, explotando el trabajo voluntario, rebañan subvenciones para tareas cuyos resultados —si son delicados— guardan celosamente, ellos y las Administraciones que los encargan, contribuyendo al engaño.

Se trata de una plaga de conservacionistas, o ambientalistas, de nuevo tipo, perfectamente adaptados a la impostura del establishment, sea como oportunistas sin verdadera conciencia ambiental, sea como quintacolumnistas que erosionan el poder ético del ecologismo. Y que, en definitiva, favorecen a ese sistema depredador que siempre ha buscado debilitar y sembrar la cizaña entre sus principales enemigos.

Esta es la trama, o conjunto de subsistemas o sectores que gira, útilmente, en torno al agropoder beneficiario, con diferentes grados de consciencia, complicidad o culpa de sus protagonistas, desde luego. Un poder omnímodo, hasta ahora intocable y que refuerza sus canalladas con la impunidad de la que viene, larga y extensamente, disfrutando. Por eso no es seguro —reflexiónese sobre nuestro análisis1 que la tragedia del Mar Menor vaya a hacerle sensible mella, o que la región de Murcia vaya a salir mejorada en su espantosa imagen ética.